Desde la entrada en vigor de la Ley
de víctimas y tierras, sancionada en
junio del año 2011, el número de personas amenazadas que reclaman sus derechos
por medio de dicha ley ascienden a 447 a lo largo del país, una realidad apenas
esperable dado el poder económico, político y militar que hoy por hoy poseen los grupos armados ilegales que representan la contrapartida al interés
político que concita dicha norma.
Desandar el conflicto es parte crucial del proceso que permitirá a
Colombia pensar en un futuro distante de la realidad actual, lo que tiene significado en hechos como que las víctimas sean reconocidas como
tales, respetadas por la sociedad y convertidas en referentes del
imaginario que sustente la reconciliación nacional.
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