El principio de precaución hace rato ha sido
sustituido por el fundamento económico de liquidar ganancias.
Habla de desestimar el uso de una tecnología o
adoptar una intervención, cualquiera que sea, si no se han resuelto suficientemente las dudas sobre los efectos nocivos para la sociedad o la
naturaleza, en su implementación.
Dicho principio se ha degradado conforme los desarrollos tecnológicos se han alejado de prácticas de intervención en la “materia inerte”, mientras la actividad sobre las personas o la sociedad de carácter empresarial, se vuelven predominantes, un antropocentrismo que nunca se ha ido.
En este sentido, no esta en igual situación la revolución industrial o de los metales, donde el centro estaba en producir máquinas, lo que a la postre aperturó la historia de la factoría y la producción de un infinito número de bienes, que el desarrollo tecnológico ligado a los smartphones, que están en el bolsillo de miles de millones de personas en el planeta, con todos los efectos que sobreviene a ello, entre ellos el control social y psicológico de masas, sin hablar de los resultados que pueden sobrevenir a una intensificada radiación eléctrica.
Tampoco lo es, el diseño de una prótesis para alguien que por cualquier razón ha perdido alguna extremidad, eslabón o funcionalidad de una estructura ósea, a la incrustación de un microchip en el cerebro, como ahora mismo lo experimentan diversas empresas, pensar por ejemplo en Neuralink.
Ahora bien, ¿Quién era o es el encargado de velar por la aplicación del principio de precaución?
En síntesis, la representación del interés público en un sentido clásico es el Estado, por ello finalmente las demandas sobre los efectos negativos en las personas de alguna intervención o consumo permitido de un bien o servicio, va contra del erario público quién a su vez, repite o redirige la responsabilidad al privado, considerando los resultados favorables de una demanda.
Un ejemplo emblemático ha sido el caso de las demandas contra las tabacaleras. Por décadas, fue común el consumo de tabaco, y en su forma industrial, de cigarrillos, que hasta en la publicidad era símbolo de estatus. Los productores opacaron los efectos nocivos del consumo, sin embargo la demanda llevada a cabo por la Sociedad Estadounidense del Cáncer y el fallo favorable de la jueza Gladys Kessler, cambió la historia de una de las mayores empresas mundiales existentes, en el año 2006, donde se hizo alusión a como las empresas mintieron sobre los efectos mortales del consumo de cigarrillo, los estudios manipulados que desmentían los mismos, tanto para los consumidores directos como para los que terminaban aspirando el humo de segunda mano, y las consecuencias perversas del lobby político en los estamentos del Estado.
Es una total excepción, por su puesto, y esto porque una demanda a las grandes productoras de automóviles, el denominado dieselgate, podría dejar en cenizas otra de las mayores empresas mundiales de producción de bienes, donde se alteraron los resultados de las emisiones de contaminantes de los motores, para superar los controles ambientales, se compraron peritos y se vendieron miles de vehículos a escala mundial…
Sucede en
muchos de los productos que se comercializan a escala global, pensar por
ejemplo, en la responsabilidad de las grandes empresas en el cambio climático.
(considerar el desastre en Porto Alegre, Brasil, está por establecerse si es el mayor por su impacto económico en la historia del país y sucedido esta semana,
donde la mitad del área conurbada de 1,4 millones de habitantes, quedó bajo
el agua, con cientos de miles de viviendas afectadas-aunque también tiene que
ver con la flexibilización del principio de precaución, si se piensa en la construcción urbana en zonas de riesgo de inundación).
Esto de lo excepcional tiene que ver con otro de los problemas que aqueja el sistema social que modela la humanidad, que tiene que ver con la economía capitalista, el crecimiento ilimitado, y en específico, su capitulo moderno, el neoliberalismo, porque la independencia que infiere el Estado como responsable de velar por interés general ha desaparecido, la gran empresa privada ha absorbido la funcionalidad de los gobiernos y las instituciones públicas, eliminando el poder de las organizaciones civiles, no empresariales, en la administración y organización de las naciones.
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