El eje estructural del desarrollo
económico y político del país, pasa por reformar el mundo del empleo.
Si hay empleo formal, hay ingresos y
estabilidad, con la que las personas pueden proyectar su futuro, en ahorro,
acceso a vivienda, educación, salud... El círculo virtuoso de la economía, que
crece y amplia su base laboral y la demanda de bienes y servicios en general.
Mientras esto no sea resuelto, los
recursos económicos que los empleadores evitan que lleguen a los trabajadores,
se arroja como responsabilidad al Estado, quien, con escasos recursos, debido a
la deuda acumulada e ingresos disminuidos por la enajenación de sus activos,
algo que se ha llevado a cabo por décadas, intenta mitigar el impacto social, lo
que deriva en que los derechos quedan suspendidos para las familias.
Los derechos en el capitalismo, están supeditados
a los ingresos por el trabajo, pero este circuito, no funciona, y el país navega
sin rumbo en un círculo vicioso, es decir, va en la dirección de una cada menor
base de trabajo formal, con el efecto en la crisis de la democracia y del
Estado.
Ahora bien. Una economía lastrada por la
informalidad, tiene explicación en aspectos ideológicos, que tiene que ver con
el control a los trabajadores, y uno más, con la estructura de la economía, que,
como contrarreforma al keynesianismo de mediados del siglo XX, orientado al desarrollo
de la producción nacional, inclinó la balanza hacia una economía de servicios, integrada
al comercio internacional, que posee una baja tasa de ganancia.
Así las cosas, la crisis de las cadenas
de suministro en el mundo, son una oportunidad para establecer un pacto social
en Colombia, que incluya un compromiso del gobierno con la apertura de mercados
internacionales, que permita reactivar el ánimo industrializador en el país, una
tasa de ganancias aceptable para empresarios y aceptable en términos de
ingresos y estabilidad laboral para los trabajadores.
La educación, esta integrada estrechamente
a este proceso. Es decir, un enfoque hacia el desarrollo de ciencia y tecnología,
en la dirección de la recreación de la industria, que permita dinamizar la absorción
de profesionales y de sentido a la calificación laboral.
Esto mismo, mitiga la disputa de
recursos estatales que se ha desatado entre la educación privada y la pública, arista
bien visible, con la discusión reabierta con la reforma a la ley 30.
