En los años setentas y ochentas del
pasado siglo se consolidó la alianza entre élites, partidos políticos
como su extensión, con el narcotráfico. Como se sabe, el neoliberalismo
entendido como un proceso de desindustrialización nacional y a cambio, importación
de productos venidos de multinacionales (por entonces era EEUU la potencia
fabril) fue funcional al circuito que completa el narcotráfico cual es el
contrabando.
Productos que antes movían la producción agrícola nacional para transformarse en la industria en las grandes ciudades colombianas eran ahora importados, lo que derivó en un cambio fundamental en la estructura del PIB en el que en adelante prevaleció el “sector servicios”, fenómeno que acentuó la existencia de un ejército de desempleados con el que se apalancó de facto la flexibilización laboral y el denominado “trabajo autónomo”, donde las gentes trabajan sin alguna protección, al sol y al agua y sin horario de trabajo.
En el campo, el desempleo y el apagón agrícola acentuó la actividad de los grupos armados de todo pelambre, una guerra civil entre pobres rurales que hasta hoy nos acompaña y que también fue funcional a la era paramilitar con la que señores feudales, élites urbanas y narcos fundidos arrebataron con violencia descarnada 6,5 millones de hectáreas de tierra a pequeños campesinos (según justicia y paz) y “produjo” 8 millones de desplazados, que han construido ciudades dentro de las ciudades y que aún deambulan por las urbes, y que también son presa de la doble victimización en manos de la informalidad laboral.
Para los media tradicionales, en medio de la coyuntura del atentado execrable contra Miguel Uribe hablar de estos contextos es polarizar, como efecto el “origen” de lo que llevó a un niño de 15 años a asumir un contrato de pistolero, entregando lo más importante que tiene “su vida” (una arista que recuerda otros empleos que cimenta la informalización laboral, la prostitución), una situación que muestra lo extremo del efecto de una familia que no tiene ingresos, su madre un empleo digno, su familia destruida a efecto de ello.
Y no lo contrario a este performance con el que se ha “explicado” en el pasado (incluye la era paramilitar) sucesos semejantes si se piensa en magnicidios. En Colombia la historia dice que cuando un líder político(en el caso actual es ya un gobierno) decide hablar, colocar sobre la mesa y enfrentar el narcotráfico y su desdoblamiento en mafias políticas sobreviene el magnicidio, o el continuado intento en procurar los mismos.
No, al contrario. Repetir el modelo del pasado para abordar esta como otras situaciones del país no hará si no prohijar el circulo vicioso que habita la nación en un proceso que se repite indefinidamente.
Entre otros, resulta particular como mientras en la era paramilitar los mass media tradicionales (que pertenecen entre otros a políticos y élites) acompañaban las imágenes pixeladas de masacre tras masacre con la retórica de “auxiliadores de la guerrilla” y quizás de nuevo, para estos sectores interesados en que nada cambie, recordar esto sea de nuevo la causa del ataque armado a un político.
Nadie debe fallecer por razones sociales derivadas de la pobreza(morimos día a día por ello), y que luego se explicita en el ataque violento contra la vida de las personas.