Tras finalizada la primera guerra
mundial, que como la segunda tuvo como epicentro Europa, sobrevino una verdadera
plaga (como lo es hoy el fentanilo) en Estados Unidos con el consumo de alcohol,
lo que afectaba la fuerza de trabajo industrial, la convivencia familiar y por
el poder que los carteles del etílico acumulaban permeando los partidos políticos, ascendiendo hasta el pináculo
del gobierno federal, la justicia, agentes del orden, en general el estado, lo
que convirtió esto en un problema central al punto que derivó en la instauración
de la Décimo Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que hizo
explícita la prohibición de la “fabricación, venta o transporte” de bebidas embriagantes.
La era del Sindicato Nacional del Crimen, como fue definida la organización, tuvo su propio pacto de Ralito con la conferencia de mayo de 1929 en Atlantic City, precisamente en medio de la crisis financiera estadounidense. Luego de promulgada la Enmienda, los nombres de los protagonistas que todos conocían escalaron hasta llegar a los escritos de investigación de la justicia, algo parecido con lo que se presentó con Pablo Escobar y compañía ilimitada. Emergieron pues a las portadas de los diarios Lucky Luciano, Al Capone, Benjamin Siegel, Frank Costello, entidad que migró como era de esperarse a la constitución de sus propios grupos armados, lo que derivó en cobros “por seguridad” en las calles y al sicariato (historia calcada para un Macondo conocido).
Una de las primeras guerras contra las drogas la desató el mismísimo George Washington en 1791 cuando el prócer de la patria decidió imponer un impuesto al Whisky con lo que no solo reguló su consumo, si no que buscaba obtener recursos económicos con que mitigar la deuda del Estado Federal que sobrevenía a la guerra de secesión.
Ahora bien, en Estados Unidos el modelo adoptado para el tratamiento de este problema mezcla represión y prohibición con negociación, es una constante, lo que incluye la delación, entrega de bienes. Entre otros, ha utilizado estos aparatos para extender y consolidar sus dominios en el contexto de la colonización imperial.
En Colombia han sido sucesivos los procesos de negociación con grupos armados ilegales y los hubo en medio del gobierno del expresidente Uribe. El problema de la negociación, como lo menciona el presidente Petro, no es en sí misma la negociación si no que las claves para evitar o mitigar el reciclaje de la violencia no funcione, lo que tiene que ver con el reconocimiento de los hechos(verdad), una justicia que, aunque no basada en lo punitivo permita erigir a la misma ante la sociedad y la reparación, la que debe realizarse en función de las víctimas, y a lo que se ha hecho conejo, para no alargar. Entre otros, la desigualdad social, la extendida informalidad laboral, los servicios sociales y otros ítems del resorte del estado también soportan el que existan facilidades para la conformación de ejércitos ilegales y que avanzar en ello es también una apuesta por la paz.
En Estados Unidos ni la Decimoctava Enmienda de 1920 que facturó la prohibición del alcohol ni su derogación en 1933(curiosamente en medio de la Gran Depresión), ha evitado que el crimen organizado permanezca, se recree y proyecte hasta la actualidad, de lo que poco se habla(solo pensar en el peso que tienen los paraísos fiscales en la economía mundial), lo que también está asociado a desviar la atención del problema con la criminalización por color de piel o nacionalidad, algo que como se sabe hoy adquiere un nivel epidémico con las medidas adoptadas por Wall Street en versión Trump.
Sin duda, es la instauración de un estado de bienestar la mejor cura contra el crimen organizado y de lo que puede dar fe la antaño Unión Europea y que hoy por su desmantelamiento y el interés político por imponer una sociedad securitizada, que de facilidades a medidas de pérdida de derechos civiles empuje el carro de la guerra contra Rusia, hoy ve reverdecer el crimen organizado por doquier.
La paz total por ello es un modelo de intervención más que un fin en si mismo que pueda evaluarse en el corto plazo. Es una política que contrasta el modelo donde el centro de la actividad de los gobiernos es la seguridad (sin que sea omitida como elemento fundante de estatalidad).
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