
Pero las dificultades del proceso de restitución no terminan allí. En el país preexiste una alta impunidad en lo que se refiere a los asesinatos de reclamantes de tierra. Entre el año 2007 y junio de 2012, 70 de estos fueron ultimados violentamente y solo un caso ha podido ser aclarado por la justicia colombiana.
Es una situación adversa para los
40.000 reclamantes de 3 millones de hectáreas de tierra usurpadas por grupos
delincuenciales en el país, y para uno de los principales programas bandera del
gobierno Santos.
La contra parte de ambos,
reclamantes y gobierno, es la presencia de "ejércitos anti-restitución” que se
estima presionan a campesinos y lideres reclamantes
de tierra en 400 municipios a escala nacional.