En junio de 2007 se dio a conocer el Indice sobre la Paz Global(Global Peace Index) paralelo al desarrollo de la cumbre del G8 en Alemania. Las fuentes de información que soportan las valoraciones del índice son organizaciones de la talla de Naciones Unidas, el Centro Internacional de Estudios Estratégicos(The International Institute for Estrategic Studies), el Banco Mundial, y Amnistía Internacional( A.I), entre otros. Los resultados, localizan como país más pacífico a Noruega, y en el extremo de la tabla, Irak encabeza como el país donde se presenta la mayor violencia a escala global. Colombia le sigue cuatro casillas después como la quinta región más peligrosa del mundo. Una de las causas que explica esta situación es la proliferación de armas de fuego, temática que orienta este número del Informativo Estrato Cero.
La australiana Rebeca Peters, dirigente de la Red Internacional de Acción sobre Armas Ligeras (IANSA), afirma que a escala mundial Colombia es país líder en cuanto a la proliferación de armas de fuego. Y no es para menos, por cada hombre arma en las fuerzas militares colombianas, su población civil posee 10, y esto sin contar las armas largas en poder de grupos guerrilleros y paramilitares.
Aunque existe una distinción en el poder y alcance de las armas que portan civiles y militares, que colocan en manos de la fuerza pública las más letales en su diseño, lo cierto es que las armas cortas son las mayores responsables de los homicidios que se presentan, siendo estas usualmente las portadas por civiles, las mismas que en un 80% circulan de manera ilegal por las ciudades colombianas, y que según el Ministerio de defensa, están pendientes de decomiso. La misma fuente, estima que de cada 10 armas existentes, 9 están en manos de personas naturales, mientras una la esta en personas jurídicas.
El balance respecto a las altas tasas de posesión de armas, en una sociedad donde existen restricciones a la venta comercial de las mismas, evidencia la existencia de un mercado negro de considerables proporciones, ligado al desarrollo de organizaciones criminales, que eclipsa el control que deben efectuar las instituciones destinadas a garantizar el mandato constitucional, que otorga al Estado el monopolio del uso de las armas. Como efecto, se presenta una correlación entre las tipologías criminales en el reiting de los 12 delitos de mayor frecuencia en el país, elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia, entre las que se encuentra en segundo lugar, el homicidio, con el uso de armas de fuego.
Según un estudio del Centro de Recursos para el análisis del Conflicto, organismo privado colombiano, en el país hay más de tres millones de armas en poder de civiles de las cuales sólo 700 mil han sido vendidas legalmente por la industria militar. Las armas de fuego son responsables que durante el periodo 1979-2005 murieran 475 mil personas, en la nación granadina, un 90% del total de las muertes violentas que se presentan en el país, lo que significa sepultar una ciudad intermedia como Ibagué, capital del departamento del Tolima.
Para el caso de Medellín, en el historial, una de las ciudades más peligrosas del mundo, en el periodo 1993-2003, los homicidios ascendieron a 49.138 personas, el equivalente a la población de la cabecera municipal de la Estrella al sur del Area Metropolitana del Valle de Aburra. En el orden de la intensidad y frecuencia con la que se presenta la violencia homicida por armas de fuego, esta se relaciona, entre otros, con las condiciones de vida y la estratificación social de las personas. Una muestra a 10 años de la tasa de homicidios para la capital antioqueña, evidencia como existe hasta 3 veces mayor probabilidad de morir consecuencia de heridas por arma de fuego en la Comuna Noroccidental, que en la Comuna 14, barrio Poblado, zona sur oriental de la ciudad.
Pese a lo anterior, el Congreso colombiano aprobó la ley 119 de 2006, conocida como "Ley de Armas", una polémica regulación que ofrece amnistía hasta el 31 de agosto de 2008, y que tiene como meta, la legalización del porte de un millón de armas que circulan con salvoconductos vencidos, por medio de la cancelación de cien mil pesos de multa. La ley también establece, como novedad, que oficiales, y suboficiales, tanto del ejército como de policía, tienen derecho a portar no solo un arma oficial de dotación, sino una adicional de carácter personal. Esto incluye a miembros retirados de manera discrecional por sus superiores.
Pero si en el caso de las armas ligeras el predominio es el porte ilegal, la situación de la proliferación de armas largas, de uso privativo de las fuerzas militares, no lo es menos, habida cuenta de la existencia de grupos guerrilleros, y paramilitares. En este sentido, el proceso con los grupos paramilitares muestra los volúmenes de material bélico en el país. Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, los paramilitares reportaron la entrega de un fusil por cada desmovilizado, lo que asciende a 18 mil armas, de las cuales 15 mil eran largas. En el caso de las guerrillas, la cantidad arriba a una cifra cercana a 25 mil unidades adicionales. La sumatoria de este arsenal es proporcional a la dotación del ejército de la república de Argentina.
De otra parte, la proliferación de este tipo de armas evidencia la facilidad de su ingreso al país. Natalia Springer, columnista del periódico el Tiempo de la Ciudad de Bogotá, relaciona como los grupos paramilitares no entregaron buena parte de su parque original, y a cambio reportaron armas obsoletas compradas a ultima hora en el mercado negro. De otra parte, existen evidencias de como multinacionales han participado del eslabón en el comercio de armas con destino a Colombia caso de Chiquita Brands, que reconoce haber facilitado el ingreso de 3 400 fusiles, en 2001. O, el caso de 7000 mas que ingresaron por solicitud de las fuerzas armadas colombianas, provenientes de Bulgaria, y que terminaron en manos de paramilitares. Por su parte la guerrilla de las FARC recibió 10 mil más lanzados desde el aire a la zona de despeje, en medio de las negociaciones de paz con el gobierno Pastrana.
La proliferación de armas de fuego, trasciende la esfera de los controles que debe efectuar la fuerza pública, prolongándose al ámbito del juzgamiento de las infracciones a la ley. Según el Banco Mundial, pese a que Colombia posee uno de los aparatos de justicia más robusto, en cuanto número de jueces por habitantes se refiere, los resultados en cuanto al esclarecimiento y posterior juzgamiento de las infracciones a la ley, como en el caso de los homicidios, que tiende peligrosamente a cero.
