Precariedad en el acceso a la propiedad e
inseguridad de las familias en la ciudad de Medellín
Redacción Estrato Cero
redacc.central@gmail.com
Octubre de 2007
El estudio
de la historia de las sociedades ha mostrado como la humanidad evoluciona por obra del trabajo mancomunado, y conforme a relaciones, que para su análisis se han caracterizado según sea la forma en la que el ser humano interactúa con su entorno; así, hay relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, etc.
Esta sucinta certeza, eludida en siglos de esclavismo, o durante el feudalismo, sentó las bases sobre las que descansa la constitución del Estado Moderno, en el que se reconoce a todo ser humano, por el sólo hecho de existir, la potestad de ser sujeto de derechos, y al Estado la responsabilidad de garantizarlos.
La vivienda es uno de ellos, y según el mandato internacional, toda persona tiene derecho al acceso a esta, permitiendo así el aprovisionamiento de refugio, seguridad, y por tanto el desarrollo adecuado a las familias. Las condiciones sanitarias, acceso a servicios públicos, y a construcciones con áreas adecuadas, integran, entre otros, el concepto de derecho a una vivienda digna.
En Colombia un 40% de las familias carece de vivienda, unas 18 millones de personas, lo que en Medellín equivale a 200 mil hogares, sujetos al pago de arrendamiento, y que por su condición de pobres de ingresos, según Fedelonjas, no podrán tener una casa de habitación propia, estando condenados a vivir la totalidad de su existencia pagando un arrendamiento, y con la constante amenaza de vivir a la intemperie.
La sostenibilidad de un hogar, y la expectativa de la posesión de la vivienda esta articulado, a su vez, a la capacidad de cobertura de otros egresos, como los consumos en alimentación, servicios públicos, o transporte, lo cual opera conforme a un sistema de distribución de prioridades, que por su comportamiento, evidencia la imposibilidad de sustentar el ahorro, el acceso al crédito y por lo tanto de la vivienda.
Un ejemplo ilustrativo se presenta en Medellín, donde el balance en rojo de la economía de los hogares explica como el 50% de la ciudad presenta rezagos en la cancelación de facturas de servicios públicos, según un estudio recientemente dado a conocer, copatrocinado por la Fundación Corona, lo que constituye un patrón característico de inestabilidad social.
Continuando con Medellín, el comportamiento del valor de la vivienda para estratos altos refleja el fenómeno polar en cuestión de ingresos en la ciudad. En la zona sur oriental del Municipio, el comercio de viviendas oferta apartamentos de hasta 1.5 millones de dólares, unos 3000 millones de pesos, lo que de paso explicita el carácter de la economía colombiana, que vista desde el acceso y costo de la propiedad, determina una brecha que tiende a infinito.
Esta burbuja inmobiliaria, inyecta aire caliente al valor de los predios adecuados para construcción de vivienda en el Valle de Aburrá, lo que sumado a la pobreza de ingresos de los habitantes es responsable del asentamiento obligado de vivienda en zonas donde la inestabilidad de la tierra y la accidentalidad del relieve prevé la ocurrencia de deslizamientos, el colapso de las casas, y las perdida de vidas de las personas. Así, los eventos en los que se ven involucradas construcciones familiares en terminos de la ocurrencia de deslizamientos, se ha disparado desde 1992 a 2005, en mas de un 1700%, y los daños en las infraestructuras en 4800%.
de la historia de las sociedades ha mostrado como la humanidad evoluciona por obra del trabajo mancomunado, y conforme a relaciones, que para su análisis se han caracterizado según sea la forma en la que el ser humano interactúa con su entorno; así, hay relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, etc.Esta sucinta certeza, eludida en siglos de esclavismo, o durante el feudalismo, sentó las bases sobre las que descansa la constitución del Estado Moderno, en el que se reconoce a todo ser humano, por el sólo hecho de existir, la potestad de ser sujeto de derechos, y al Estado la responsabilidad de garantizarlos.
La vivienda es uno de ellos, y según el mandato internacional, toda persona tiene derecho al acceso a esta, permitiendo así el aprovisionamiento de refugio, seguridad, y por tanto el desarrollo adecuado a las familias. Las condiciones sanitarias, acceso a servicios públicos, y a construcciones con áreas adecuadas, integran, entre otros, el concepto de derecho a una vivienda digna.
En Colombia un 40% de las familias carece de vivienda, unas 18 millones de personas, lo que en Medellín equivale a 200 mil hogares, sujetos al pago de arrendamiento, y que por su condición de pobres de ingresos, según Fedelonjas, no podrán tener una casa de habitación propia, estando condenados a vivir la totalidad de su existencia pagando un arrendamiento, y con la constante amenaza de vivir a la intemperie.
La sostenibilidad de un hogar, y la expectativa de la posesión de la vivienda esta articulado, a su vez, a la capacidad de cobertura de otros egresos, como los consumos en alimentación, servicios públicos, o transporte, lo cual opera conforme a un sistema de distribución de prioridades, que por su comportamiento, evidencia la imposibilidad de sustentar el ahorro, el acceso al crédito y por lo tanto de la vivienda.
Un ejemplo ilustrativo se presenta en Medellín, donde el balance en rojo de la economía de los hogares explica como el 50% de la ciudad presenta rezagos en la cancelación de facturas de servicios públicos, según un estudio recientemente dado a conocer, copatrocinado por la Fundación Corona, lo que constituye un patrón característico de inestabilidad social.
Continuando con Medellín, el comportamiento del valor de la vivienda para estratos altos refleja el fenómeno polar en cuestión de ingresos en la ciudad. En la zona sur oriental del Municipio, el comercio de viviendas oferta apartamentos de hasta 1.5 millones de dólares, unos 3000 millones de pesos, lo que de paso explicita el carácter de la economía colombiana, que vista desde el acceso y costo de la propiedad, determina una brecha que tiende a infinito.
Esta burbuja inmobiliaria, inyecta aire caliente al valor de los predios adecuados para construcción de vivienda en el Valle de Aburrá, lo que sumado a la pobreza de ingresos de los habitantes es responsable del asentamiento obligado de vivienda en zonas donde la inestabilidad de la tierra y la accidentalidad del relieve prevé la ocurrencia de deslizamientos, el colapso de las casas, y las perdida de vidas de las personas. Así, los eventos en los que se ven involucradas construcciones familiares en terminos de la ocurrencia de deslizamientos, se ha disparado desde 1992 a 2005, en mas de un 1700%, y los daños en las infraestructuras en 4800%.
