El pasado 11 de junio el presidente Santos sancionó la ley de víctimas en presencia del secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon. La ley que tiene como fin paliar los efectos de las violaciones a los derechos humanos específicamente en el marco del conflicto armado colombiano, tiene como espectro de referencia la reparación de víctimas de la violencia desde 1985 y la restitución de tierras desde 1991.
De forma particular, el gobierno estima que las victimas de desplazamiento forzado y del despojo de tierras que serán atendidas por el programa de restitución ascienden a unas 450 mil familias, lo que deriva en uno de los principales retos de la aplicación de la ley.
Según estimaciones del ministerio del interior colombiano, se espera que la ley permita que 2,8 millones de hectáreas de tierra retornen a sus verdaderos dueños, en su mayoría pequeños y medianos propietarios, a lo que se oponen grupos disidentes de los antaño paramilitares, que según estimaciones se concentran en siete grandes bloques con alrededor de entre 4 y 6 mil efectivos a lo largo del país, y que son vistos como responsables de la muerte de 48 líderes que reclaman la devolución de las tierras desde el año 2002. De estos, 22 han sido asesinados durante el gobierno Santos.
Antioquia es el departamento que concentra el mayor nivel de despojo de tierras a nivel nacional.
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