
2007/08/01
2007/07/16
Comentarios de la redacción
Al respecto de la entrevista efectuada a la señora Marina Castañeda, puesta en circulación en el reportaje de lanzamiento del Informativo Estrato Cero, que escenifica la situación de los cientos de miles de desconectados en la ciudad de Medellín del acceso de Servicios Públicos Domiciliarios muchos son los interrogantes que quedan en el tintero, no sin antes comenzar por reconocer la entereza con la que se enfrentan estas situaciones por los afectados.
Como se sabe el Estado Social de Derecho se soporta en el oficio de garantizar el bienestar general de la población, debiendo procurar las condiciones para la realización de derechos al acceso de las personas a la alimentación, los servicios sociales, la salud, la educación. Dicho lo anterior, los cortes de los servicios públicos domiciliarios representa una violación al mandato fundante y basamento constitucional del Estado como tal.
De otra parte, es significativo el riesgo al que se expone la sociedad que se somete a esta situación, haciendo observancia de que es más segura la utilización de energia electrica o gas, para las tareas del hogar como la cocción de alimentos, que usar para tal fin fogones de gasolina, consecuente con las potencialidades de inflamación del combustible, y la rigurosidad de las medidas operativas y de manipulación de estos artefactos con el fin evitar accidentes.
Los efectos para la salud de los gases de combustión de tales fogones son también considerables. La inhalación tanto de hidrocarburos inquemados como de los productos de combustión acentuan enfermedades respiratorias, y afectan los ojos de las personas.
La entrevista a su vez, deja entrever, el como se modifica el espacio vital de las familias, en especial de los niños, cuando estos se ven sometidos a la asistencia de una vela al efecto del desarrollo de sus labores cotidianas, que incluyen el juego, la elaboración de las tareas para el colegio, etc.
La lectura contextual, evidencia que a doña Marina, el Estado no le ha garantizado la vida de su esposo, muerto violentamente, ni la posesión de sus bienes, pues reconoce ser desplazada en dos ocasiones, lo que hace responsable a este de su situación de pobreza, y entre otros de su imposibilidad del pago de los servicios públicos, elementos que tenidos en cuenta deberían servir para que se desista bajo cualquier justificación, que se realicen los cortes, y al contrario, de ofrecer protección social debido a las condiciones de fragilidad economica de grupos importantes de la sociedad que como doña Marina viven una similar situación. Recordemos, nevamente que Colombia es el segundo paìs en desplazados del mundo.


