El pasado 22 de junio el presidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo, fue apartado de su cargo por el senado de su país con causa en el “mal desempeño de sus funciones”, tras un juicio que tardo 24 horas y luego que una semana atrás, en medio de un desalojo de campesinos sin tierra murieran 6 policías y 11 labriegos.En contexto, la nación guaraní se vio expuesta a una prueba de fuego desde el año 2008, cuando Lugo dio por culminada la serie de 61 años en el poder del Partido Colorado, luego de vencer en elecciones a la candidata Blanca Ovelar.
Ahora bien, dos elementos atizan la actual inestabilidad paraguaya. El primero, las importantes movilizaciones sociales que se presentaron en el contexto de la aprobación del presupuesto general de la nación, en noviembre del pasado año, y que permitió el aumento salarial del 10% en los trabajadores del Estado, en particular un 52% para los médicos y un 15,5 a los funcionarios judiciales.
El segundo elemento, tiene que ver con la demanda de tierras por parte de campesinos, quienes insisten en la puesta en marcha de una reforma agraria, sustentada en los resultados de estudios realizados por una comisión de la verdad, que en sus conclusiones describe como el 19% de la tierra del Paraguay, es decir, 7,85 millones de hectáreas, fueron apropiadas de manera ilegal.
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