El fin de semana fue asesinado Alejandro Padilla, un desplazado y reclamante de tierras del municipio de Necocli, en el Urabá antioqueño, una muerte más que se suma a las de 22 personas que han sido asesinadas y que tienen como particularidad haber sido despojados de sus tierras y reclamantes de las mismas, durante el gobierno Santos. De hecho, los logros que representa la captura y abatimiento de líderes guerrilleros y paramilitares de los últimos gobiernos se ven opacados con el fenómeno de desplazamiento forzado que desde el año 2002 se estima en 2,7 millones de personas, según Codhes, y con el asesinato de los reclamantes de tierra que en igual periodo se acerca a medio centenar, asuntos que se agudizarán el próximo año cuando entre en vigor la ley de tierras, una reglamentación que pretende la restitución de sus bienes a 450 mil familias en Colombia.
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