Esta semana se dio a conocer el informe de la comisión global de políticas de drogas, una organización de la que hace parte, entre otros, Kofi Annan, ex secretario de la ONU, Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea, Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Cesar Gaviria, ex Presidente de Colombia.La organización, que tiene como propósito impulsar la deliberación internacional sobre las drogas, “buscando establecer maneras eficaces y humanas para reducir el daño causado por estas en personas y sociedades”, subrayó la necesidad de despenalizar en el mundo el consumo de narcóticos ilegalizados, que según su interpretación es el actual énfasis de la “guerra contra las drogas”, y que ha resultado ser un fracaso, promoviendo la focalización de las actividades represivas en las organizaciones criminales involucradas en los restantes eslabones de la cadena del narcotráfico como producción, comercio o lavado de activos.
En Colombia, uno de los efectos de la “guerra contra las drogas” es el que tiene que ver con la extradición de connacionales, especialmente a EEUU, como una alternativa al poder intimidatorio y de corrupción que las mafias colombianas tradicionalmente adquieren en el país, y como herramienta de cooperación en la lucha contra la delincuencia internacional, aunque en años recientes ha sido vista como un obstáculo a los procesos judiciales abiertos en Colombia y relacionados con delitos de lesa humanidad.
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