Iván Saldarriaga
La orden de captura de un juez ecuatoriano contra el exministro Santos por el ataque contra el campamento de Raúl Reyes en ese país, que produjo la muerte de un ciudadano ecuatoriano, evidencia lo mal que se encuentran las relaciones entre Colombia y Ecuador desde ese día, hace ya más de un año, en que las fuerzas armadas de Colombia dieron muerte a Raúl Reyes a solo seis kilómetros de las frontera.
Colombia podría responder a la decisión del juez ecuatoriano llevando ante la justicia al exministro Larrea del Ecuador puesto que este ha aceptado haberse reunido con Raúl Reyes donde se discutió la remoción de autoridades ecuatorianas hostiles a la presencia de las FARC en el lado ecuatoriano de la frontera con Colombia.
Pero un escalamiento de acusaciones no tiene mucho sentido puesto que no le sirve a ninguno de los dos países y dañaría aún más las relaciones. Sería más lógico pensar en una reunión de los gobiernos de Ecuador y Colombia en la que se acuerden incluso las indemnizaciones a que haya lugar sin esperar a que éstas sean impuestas por el tribunal de la Haya o por cualquier otra entidad internacional.
A pesar de que ante el ataque al campamento de Raúl Reyes al campamento de Raúl Reyes en el Ecuador casi todos sintamos que “habríamos hecho lo mismo” hay que reconocer que fue un ataque ilegal que violó la soberanía del Ecuador y que de ello se derivan consecuencias.
Ojalá que la sensatez se imponga a ambos lados de la frontera y que del lado colombiano el gobierno se de cuenta de que el silencio ante los repetidos ataques ecuatoriano no basta para calmar la irritación de nuestros vecinos que se sienten primero atropellados y después pasados por alto.


