Las víctimas
Iván Saldarriaga
El 18 de junio la bancada del gobierno en el Congreso hundió la ley de víctimas que establecía la indemnización a los familiares de muertos por crímenes de estado(falsos positivos) por la vía administrativa que puede tener efecto inmediato sin esperar los resultados de un juicio contra el estado, que según los expertos puede tardar hasta 10 años.
El 18 de junio la bancada del gobierno en el Congreso hundió la ley de víctimas que establecía la indemnización a los familiares de muertos por crímenes de estado(falsos positivos) por la vía administrativa que puede tener efecto inmediato sin esperar los resultados de un juicio contra el estado, que según los expertos puede tardar hasta 10 años.
El ministro de hacienda afirmó que de haber sido aprobada la ley, en la forma en que estaba redactada, el estado habría necesitado 80 billones de pesos para pagar las indemnizaciones. Ni siquiera sabemos cuántas son las víctimas de crímenes de estado que el relator de la ONU llamó en un informe preliminar sobre el tema divulgado el mismo 18 de junio “un plan masivo que abarca a 13 departamentos”.
La cifra que mencionan algunos políticos y expertos es la de 1500 asesinatos cometidos por miembros de la fuerza pública “aunque no puede afirmarse que se trate de una política oficial del gobierno”, según el mismo informe.
Otra situación de víctimas desatendidas es el de los 3 a 4 millones de desplazados muchos de los cuales fueron despojados de entre 5 y 6 millones de hectáreas por miembros de grupos paramilitares. Ha sido notorio el asesinato de varios asesores que ayudaban a los desplazados a recuperar sus tierras.
El asesor del presidente, José Obdulio Gaviria, tuvo hace varios meses el cinismo de afirmar, por escrito, que en Colombia no había desplazamiento sino migración interna por razones económicas.
Con estos métodos de enfrentar los problemas de derechos humanos negándolos y favoreciendo a los victimarios, como se hizo la semana pasada con la aprobación del llamado principio de oportunidad, que concede rebaja de penas a los delincuentes que confiesen, no resulta extraño que al país se le nieguen tratados comerciales en Norteamérica, y en Europa, por el asunto de los derechos humanos, y tampoco sería una injusticia con Colombia que a los relatores de la ONU siguieran los de la Corte Penal Internacional que actúan cuando la justicia interna no funciona.
