El estado de derecho
Iván Saldarriaga
En los últimos días los medios de comunicación le han restado importancia a la difusión del virus AH1N1 y le han cargado la mano a tres noticias que tienen que ver con el estado de derecho en Colombia: la reelección del presidente para un tercer periodo, los crímenes estado, también llamados “falsos positivos”, y las chuzadas telefónicas hechas por funcionarios del DAS a miembros de las altas cortes, a periodistas y políticos de la oposición, al mismo tiempo se hizo público el hecho de que una oficina del ministerio de hacienda hacía investigaciones financieras minuciosas de los miembros de las altas cortes.
La afirmación del ministro de hacienda, en el debate sobre los negocios de los hijos del presidente en el Congreso, de que “la ética es la ley” aclara la posición de muchos funcionarios públicos que actúan permanentemente en el filo de lo ilegal y lo ético. Además como las leyes y la propia Constitución se pueden cambiar según las necesidades del poder ejecutivo estamos ante una ética maleable y una situación que viene a confirmar la confusión mafiosa entre lo público y lo privado que afecta a las actuaciones de muchos funcionarios públicos en Colombia.
Hace poco un periodista radial hablaba de las 27 reformas constitucionales que se han hecho a la Constitución de 1991. Hasta ahora nadie ha demostrado que el presidente Uribe sea mafioso. Pero fue el candidato apoyado por los mafiosos, la gran mayoría de os parlamentarios acusados de parapolítica pertenecen a los partidos del gobierno, en los organismos oficiales dependientes de la presidencia de la república se conspira contra la oposición y contra las más altos organismos del poder judicial y, para rematar, el propio presidente practica una ética mafiosa que en Antioquia está extendida desde hace décadas al comportamiento político y social de una clase alta que ha estrechado lazos comerciales y sociales con una mafia implacable y consciente de sus propios intereses.
¿Será que el prontuario del presidente, en términos de obstrucción a la justicia, le alcanza ya para una acusación formal ante el TPI?
