Redacción Central
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Las inmediaciones temporales del año 1990 como del 2009 tienen para la historia colombiana una singular relación con los contextos internacionales. El primer lustro de los años noventas alarga en el tiempo el contexto de fines de los años ochentas donde las tensiones generadas en torno a la extradición de nacionales a Estados Unidos define los rasgos de un periodo convulso y violento, que llevó al país a la cima de las tasas de homicidios del mundo, y donde fueron muertos por sicarios altos dignatarios como los Ministros de justicia, Enrique Low Murtra y Rodrigo Lara Bonilla, el Procurador Carlos Mauro Hoyos, al igual que jueces, fiscales, policías, y candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, y Carlos Pizarro, en un periodo que se cierra parcialmente con la muerte, en medio de un operativo policial, de Pablo Escobar en 1993.
A su vez, estos hechos se conectan con los sucesos de 1989 con la invasión a Panamá, y la captura del General Noriega. Curiosamente Escobar como Noriega, en algún momento sirvieron directa e indirectamente a actividades de interés de Estados Unidos en la región, por lo evidenciado en el caso Oliver North, militar estadounidense involucrado en el canje de drogas proveniente del Cartel de Medellín, por armas y pertrechos destinados a la contra nicaragüense, y por las revelaciones que implican al General Noriega con actividades de la CIA.
La persecución de Escobar en Colombia, quien permeaba considerablemente los aparatos de seguridad del estado, requirió de la fundación de una justicia paralela, especializada, conocida como la justicia sin rostro, y de un grupo elite con atribuciones excepcionales denominado Bloque de Búsqueda. La cooptación de los miembros del cartel, igualmente hizo parte de la estrategia. Los pepes, Perseguidos por Pablo Escobar, sumaron al acorralamiento y caída del capo, y representan, a su vez, la génesis del problema futuro del país, el paramilitarismo. Así, las continuidades de este proceso se observan cuando en 1993 la caída de la tasa de homicidios en zonas urbanas, se acompasa con el disparo del indicador de desplazamiento en zonas rurales, y de masacres, ambas variables, con epicentro visible en la zona de Uraba, norte del departamento de Antioquia. Ala postre la denominada Guerra Urbana que se presenta en la ciudad de Medellín en 2002, y específicamente en una de sus subregiones, la comuna 13, factura la consolidación del proyecto paramilitar, nuevamente en las zonas urbanas, tal cual lo habian logrado las mafias de fines de los años ochentas. La sinusoide que guia este proceso de lo rural a lo urbano, tiene en el contexto de la ley de justicia y paz(LJP) el momento en el que nos encontramos, en medio de la confirmación del poder que los tentaculos del paramilitarismo extienden respecto al Estado, el gobierno, la economía, cultura y política colombiana.
Por su parte 2009 infiere a su vez tensiones semejantes al proceso vivido en los noventas, y esto, por el fin de la moratoria al Tribunal Penal Internacional para Colombia. No obstante existen especificidades. El contexto que colocaba a las guerrillas como centralidad de los problemas del país en los años noventas ya en 2008 se modifica y se completa el espectro de actores negativos con las mafias y el paramilitarismo, con efecto de consideración en las relaciones politicas y económicas con Estados Unidos. Los efectos de ello pueden observarse en el cambio de actitud de la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), el congelamiento del Tratado de Libre Comercio con EE.UU, y el nuevo aire que toman las altas cortes colombianas respecto a los procesos por paramilitarismo y parapolítica.
Aunque la extradición a Estados Unidos ya no es tan temida como en el pasado, en tanto simplifica los costos judiciales de los crímenes de lesa humanidad, a mas de la perspetiva que generan las bajas penas por narcotrafico, lo cierto es que, y como antitesis de lo anterior, el Tribunal Penal Internacional se convierte en el mayor de los temores para los criminales.
2009 es el fin de la moratoria a la aplicación del tratado de Roma en Colombia, y el reloj corre raudo ya a unos meses de este acontecimiento, lo que determina el horizonte del actuar del gobierno y por que no, de gremios económicos, y altos miembros de las fuerzas armadas colombianas. En este sentido, la recuperación de la actividad judicial de la Altas Cortes aunque puede ser interpretada tanto como favorable a la inviabilidad de la acción del TPI, recordemos que sólo en caso de que a los ojos del TPI no se aplique justicia, esto les otorga competencia, a su vez puede verse como quien factura mayores compromisos a los involucrados.
