Considerando:
1. Que el paramilitarismo ha sido la manifestación violenta ilegal de resistencia a los grupos guerrilleros, que para ello ha desplegado un accionar violatorio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que encuentra gran parte de su financiamiento en prácticas ilegales.
2. Que para consolidarse, el paramilitarismo ha permeado diversas instituciones del estado Colombiano, además de diferentes territorios del país donde las instituciones del Estado y los estamentos sociales están controlados por este tipo de grupos. Las relaciones sociales, el intercambio de bienes y servicios, así como la administración de justicia se encuentran plenamente cooptados.
3. Que en el momento se adelanta un proceso de negociación entre el gobierno nacional y diversas facciones de los grupos paramilitares.
4. Que a cada individuo desmovilizado y a las fuerzas paramilitares como grupo armado ilegal le corresponde, como en cualquier proceso de paz, actuar conforme a los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas.
5. Que el desmonte del paramilitarismo no sólo implica la desmovilización de sus cabecillas y mandos medios, si no también el desmonte de la estructura de ejército ilegal, su aparato económico y social y su grado de control sobre la estructura del estado regional.
6. Que la justicia colombiana se encuentra en la actualidad procesando a políticos de los diferentes niveles del estado, principalmente de la coalición de gobierno, por nexos con los grupos paramilitares.
7. Que partidos políticos, en su mayoría cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se vieron beneficiados electoralmente por el avance y consolidación de tales grupos en vastos sectores del territorio nacional.
8. Que la influencia de grupos armados al margen de la ley constituye una violación al derecho al voto en la medida en que se coacciona la autonomía que los ciudadanos deben tener para decidir entre diferentes opciones políticas.
9. Que como garantías para una democracia, los funcionarios públicos, los partidos políticos, los políticos en general y los mismos ciudadanos no son sólo responsables penalmente por los crímenes que se les pueden imputar en un proceso ante la justicia sino también responsables políticamente por los actos de los cueles fueron parte o se simplemente se dejaron hacer.
Resuelve:
1. Instar al Estado Colombiano para que garantice el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, el respeto por el derecho internacional humanitario así como el monopolio legítimo de la fuerza en todo el territorio nacional.
2. Instar al estado Colombiano y a la comunidad internacional para que todos los individuos que participaron o son vinculados a grupos paramilitares cumplan con los estándares internacionales de los principios de verdad, justicia y reparación.
3. Instar al gobierno nacional a sólo considerar, para futuro, la opción a los desmovilizados de participar en política en la medida en que sus estructuras militares, económicas y sociales se encuentren totalmente desmontadas.
4. Apoyar a la justicia colombiana en la acción que adelanta procesando a los políticos vinculados al accionar delictivo de los grupos paramilitares.
5. Instar al presidente Álvaro Uribe Vélez como cabeza del gobierno nacional, así como a los políticos y partidos que se vieron beneficiados electoralmente por el actuar violento de los grupos paramilitares a que asuman la responsabilidad política en la medida en que gran parte de los votos que obtuvieron tienen vicios de ilegitimidad.
6. Instar al estado colombiano así como a la comunidad internacional, específicamente instituciones como la Organización de Estados Americanos, para que se garantice en las próximas elecciones de octubre de 2007 y en la campaña misma, un proceso democrático sin la influencia violenta de grupos paramilitares o guerrilleros.
7. Invitar a la sociedad civil colombiana a votar por opciones políticas que estén libres de vínculos con grupos al margen de la ley. 8. Instar a la comunidad internacional a apoyar decididamente la solución pacífica del conflicto armado colombiano
