La presente semana las FARC completaran la entrega total de sus armas, organización que nace tras el bombardeo por parte del presidente colombiano Guillermo León Valencia a un grupo de campesinos liberales en el año 1964, y que fueran excluidos de los acuerdos  políticos que culminaron con el  Frente Nacional, prolongando hasta la actualidad el conflicto armado iniciado a mediados del siglo XX  con el Bogotazo.

Tras cinco frustradas negociaciones durante los gobiernos Turbay (1981), Betancur (1984), Barco (1988), Gaviria (1991) y Pastrana (1999), el gobierno Santos inició la apertura de diálogo con las guerrillas de las FARC en el año 2012 y  actualmente sustenta la desaparición de dicha organización como fuerza armada.

Las FARC históricamente han hecho presencia en 25 de los 32 departamentos, o de otra forma en la cuarta parte de los municipios que constituyen la nación colombiana.

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El sexto banco de España, el Banco Popular,  presentó en poco más de una década la caída sostenida de su valor pasando de una cifra superior a los 30 mil millones de euros al valor de tan solo uno, algo que llevo a sus accionistas a asumir la pérdida total de su inversión, en una polémica transacción en la que participó el Banco Central Europeo.

El Banco Popular como entidad crediticia soporto el boom del endeudamiento relacionado con la compra de vivienda, acumulando 15 mil millones de euros en créditos,  que atravesados por la crisis económica europea se tradujeron en activos irrecuperables debido a la incapacidad de pago  de las familias.

Algunos analistas se plantean si este antecedente representa una inflexión en la política clásica relativa  a la asimilación de las deudas bancarias por parte de los estados y auspiciada mediante la monetarización de la misma, conforme a la contención de la propagación de riesgos financieros sistémicos.

Ahora bien, lo que no parece cambiar en absoluto es la situación de las familias que en medio de la crisis económica, pierden su empleo y consecuentemente sus viviendas obtenidas mediante créditos, algo conocido en España como los desahucios.

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Paralelo al crecimiento del número de vehículos motorizados en el país, se ha presentado una modificación importante en el tipo de combustibles que se consumen a nivel nacional.

 Mientras en el año 1980, el consumo de gasolina en Colombia era 77% del total, en el año 2017 el consumo correspondiente cayó al 43%. Por su parte, el consumo de diesel pasó del 23% del total en el año 1980 al 57% durante el año 2017.

Es un fenómeno contrastante, especialmente cuando en Alemania se prevé restringir el acceso de vehículos diesel al centro de las ciudades, incluyendo allí los vehículos con motores Euro 5, comercializados con etiquetas de baja contaminación.

La decisión de los teutones se sustenta en una reciente investigación que demuestra la relación entre  la aspiración de óxidos de nitrógeno, producidos en la combustión de los motores diesel, con la muerte por cáncer de 10 mil personas anualmente.

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La guerra informática o cibernética se desarrolla en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, y es efectuada por un Estado para tomar sistemas de otro país con el fin de sacar de línea, extraer información o para derivar en acciones a tono con la guerra de cuarta generación o híbrida, que busca generar confusión o para desinformar al enemigo,  por medio de la adulteración de portales y la creación de noticias falsas a proyectarse en redes sociales.

Como en el pasado las acciones que pueden derivar en guerra suelen encubrirse. En este caso la ciberguerra se oculta presentándose como actividades ligadas al cibercrimen, tal cual el ejercicio que desarrollaban los corsarios de los siglos XVI y XVIII en las aguas del Océano Atlántico y el Mar Caribe, que finalmente estaban a la orden de las potencias económicas de entonces.

Pero los riesgos no son equiparables. Recientemente Naciones Unidas ha llamado la atención sobre la potencialidad de que se presente una guerra nuclear por accidente ante un fallo o una alteración de los sistemas informáticos, sobre los que descansa actualmente la liberación de misiles atómicos en el mundo.

Según KasperSky, empresa dedicada al desarrollo de sistemas informáticos de protección, el más reciente ataque informático llevado a cabo por WannaCry, aunque impactó más de 150 países,  concentró su actividad en la República Federal de Rusia.

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Un reto importante para el posconflicto en Colombia  tiene que ver con la modificación de la actual política antidrogas, en la que se prevén mayores esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado mientras se ofrece atención social a los consumidores.

La doctrina estadounidense de la guerra contra las drogas explica el incremento de 289% en las detenciones de connacionales en el país entre los años 2000 a 2015, y representa una población acumulada de presos que asciende  a 24,374 personas.

Solo durante el año 2014, el gobierno colombiano consumió 2,3 billones de pesos en el mantenimiento de presos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por su parte,  se estima que unas 64.500 familias campesinas colombianas viven de la coca,  es decir una población de más de 300.000 personas.

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La crisis financiera que tuvo como epicentro Estados Unidos, en el año 2007, terminó por  impactar el comportamiento de la economía global, lo que redundo en  la contracción que experimentó  el crecimiento económico mundial  que pasó de  5,7% en el año inicio de la crisis a -0,1% durante el año 2009.

En medio de dicha crisis se desataron movimientos sociales en diversos lugares del mundo, entre los que sobresalen el movimiento 15-M en España, conocido también como  los indignados, y el movimiento Occupy Wall Street, que trascendió a movilizaciones en más de 36 países del planeta y que hicieron evidente la pérdida de credibilidad pública en las instituciones estatales y partidos políticos tradicionales.

Esta realidad conjuga factores importantes que explican la emergencia  de sectores hasta ahora relegados al interior de los partidos políticos, así como la recreación de movimientos políticos al margen de los mismos,  tanto de derechas como de izquierdas-cada quién con una agenda diferenciada-, y que colocan en cuestión elementos propios  del capitalismo de fin del siglo XX.

Este fenómeno explica el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Brexit, la emergencia del movimiento Podemos en España y Syriza en Grecia, así como  el auge de movimientos políticos que controvierten la existencia de la Unión Europea en el Viejo Continente, en países como Holanda, Francia, Italia o Alemania.

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Conforme evoluciona el capitalismo en el mundo a su vez se modifican parámetros estructurales del mismo,  como la participación que mujeres y hombres hacen de  la fuerza laboral global.

Desde los años ochenta se presenta un incremento sostenido de la participación  de las mujeres  en la fuerza laboral global, en todas las regiones del mundo, a excepción de África, un fenómeno que está acompañado por  la baja continuada de la tasa de fertilidad que cayó  a nivel mundial una tercera parte entre el año 1980 y el año 2014.

En particular, en Estados Unidos, la tasa de participación laboral de las mujeres crece de manera sostenida desde 1948 hasta el año 2000.

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Desde el punto de vista del análisis del comportamiento de la era del petróleo, el año 2011 guarda sensible importancia.

A partir de este año se presenta una disminución de la demanda de hidrocarburos a nivel mundial, y a su vez, se observa un decrecimiento sostenido de las reservas petroleras a escala global y esto pese a la inclusión en los balances del petróleo no convencional, que hasta el año 2005 no había sido tenido en cuenta en las estadísticas, y que por sus características es un síntoma de la escasez de petróleo en el mundo.

La respuesta a esta aparente paradoja es precisamente que son bastante pobres los hallazgos de petróleo convencional y la inclusión del petróleo no convencional no alcanza a cubrir el consumo de hidrocarburos de años recientes.

Respecto del comentario del declive de las reservas, hay que tener en cuenta que mientras en el año 2011 la disponibilidad de petróleo en el mundo bastaba para cubrir 54 años, en el año 2015 dicha cobertura sólo alcanzaba para cerca de 51 años.

La inclusión del petróleo no convencional en los balances de las existencias de crudo en el planeta, localiza la región de Centro y Sur América como  la de mayores existencias de petróleo en el mundo, un fenómeno que se explica por los recursos energéticos no convencionales en suelo de la República Bolivariana de Venezuela.

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El capitalismo en la era de la globalización ha entregado el top 3 de los países con mayores exportaciones en el mundo encabezados por China, seguido de cerca por Alemania  y finalmente por Estados Unidos, lo que explica en gran parte el ataque tanto al Imperio del Centro como a los teutones por parte del presidente de la Unión Americana, Donald Trump.

La deslocalización industrial, la firma de tratados comerciales así como los acuerdos financieros y la monetización de la deuda externa, que permitieron a Estados Unidos sobrellevar las crisis económicas y financieras del siglo XXI parecen tocar sus propios límites, cuando la deuda americana supera el 100% de su PIB en el año 2016 mientras el déficit comercial estadounidense asciende a más de 500 mil millones de dólares en 2015.

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El narcotráfico es un elemento clave para comprender las dinámicas tanto económicas como políticas que han determinado los ciclos del conflicto armado colombiano desde los años ochenta del pasado siglo, y de su tratamiento dependerá el constructo político nacional que surge en el escenario de posconflicto.

Según estimaciones de Naciones Unidas en el mundo los ingresos anuales que moviliza la economía del tráfico de drogas asciende a 400 mil millones de dólares, de los cuales se estima 80 mil millones de dólares  o de otra forma 240 billones de pesos, corresponden a la economía del narcotráfico que  tiene como epicentro a Colombia.

Es una cifra desequilibrante. Compárese con el presupuesto de Colombia que en el año 2017 representa 224,4 billones de pesos.  Por su parte, 240 billones de pesos equivalen a la tercera parte del producto interior bruto de la nación andina.

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