Un
reto importante para el posconflicto en Colombia tiene que ver con la modificación de la actual
política antidrogas, en la que se prevén mayores esfuerzos en la lucha contra
el crimen organizado mientras se ofrece atención social a los consumidores.
La
doctrina estadounidense de la guerra contra las drogas explica el incremento de
289% en las detenciones de connacionales en el país entre los años 2000 a 2015,
y representa una población acumulada de presos que asciende a 24,374 personas.
Solo
durante el año 2014, el gobierno colombiano consumió 2,3 billones de pesos en
el mantenimiento de presos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes.
Por
su parte, se estima que unas 64.500 familias campesinas
colombianas viven de la coca, es decir una
población de más de 300.000 personas.
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